Expertos saludan la unificación de todos los
maestros en un mismo régimen, pero lamentan que no se haya explicado cómo se
financiarán los aumentos y los ascensos, ni por qué el cambio en los niveles del
escalafón.
Consuelo
Alonzo.
Para los entendidos, el anunciado proyecto de Ley de Reforma
Magisterial, elaborado por el
Ejecutivo, tiene aportes positivos y sanas
intenciones, pero también algunas cosas negativas y olvidos
graves.
Según Carlos Malpica Faustor, uno de los
ministros de Eduación del gobierno toledista, la más positiva de todas es el
esfuerzo por unificar a todos los maestros bajo un mismo régimen, pues resultaba
"jurídicamente inaceptable"
la existencia de dos carreras a la vez.
Igual lo cree el pedagogo y especialista de Foro
Educativo Manuel Iguíñiz Echeverría, pues
actualmente para profesionales que cumplen la misma función de enseñanza directa
a los niños y niñas de la educación básica las condiciones de trabajo son muy
distintas.
"No me parece acertado mantener una carrera activa,
regente, y la otra congelada. Las dos carreras deberían ser cumplidas porque son
leyes o, en su defecto, integrarlas a la parte correspondiente de la carrera del
Estado, que es lo más conveniente", sostuvo.
En la actualidad, mientras que los maestros que se
rigen por la Ley del Profesorado deberían percibir una remuneración
reajustable con el costo de vida (aunque hace 6 años no reciben aumento); los
que se incorporaron a la Ley de la Carrera Pública
Magisterial ganan un salario
mayor en función al escalafón donde se encuentran.
Pero a futuro, tal y como plantea el proyecto de Ley de Reforma Magisterial, se
espera establecer un piso o un ingreso básico que hoy no existe en la vida del
profesorado; además de ganar un monto con porcentajes bien establecidos conforme
a su nivel.
Sin embargo, lo malo de esta unificación,
coinciden Malpica Faustor e
Iguíñiz Echeverría,
es que al pretender derogar la Ley del Profesorado se deja sin piso a los
maestros que forman parte de la actividad privada.
"Eso es una falla, una cosa es modificar una ley y
otra derogarla", dijo el ex ministro tras indicar que, al desaparecer esas
leyes, con ellas también se extinguirían algunos derechos adquiridos en el
tiempo por el Magisterio, a pesar de que los derechos son
irrenunciables.
A su turno, el miembro de Foro Educativo lamentó igualmente que los componentes que
debe tener la escuela privada, respecto a su enseñanza, no sean materia de
discusión en este momento.
Pero a Malpica lo que más le preocupa es que en la
exposicion de motivos no se haya establecido ya el detalle del costo y del
financiamiento.
"Por primera vez en 50 años veo una ley así. ¿Cómo
el Congreso
va a aprobar una pelota tan grande que no dice cuánto cuesta?
Acuérdense que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, y que la inversión
más grande no la realizará este Gobierno. Hay varios problemas de ese tipo
bastante graves en este proyecto de ley", aseguró.
Acto seguido, indicó que tampoco ha quedado claro por
qué los profesores de la Ley del Profesorado que ganaron sus escalas por ley
ahora bajarán a los niveles I y II.
"Los voceros del Gobierno dicen que habrá un
incremento inmediato, pero eso no lo dice el proyecto de ley, no está
especificado. No lo veo", acotó.
Esta situación, para Iguíñiz, podría generar un nuevo
roce entre el Ministerio de Educación y el Magisterio, pues no ha quedado claro de
qué manera se cumplirá lo ofrecido, y muchos podrían entenderlo como una suerte
de "degradación".
Según Malpica, en lugar de modificar los niveles del
escalafón, lo que debió hacerse es crear "pasos" (o subniveles) para recatalogar
los sueldos, y con ello había necesidad de catalogar la escala.
Otra crítica es a que el documento final no fue
consultado ni debatido con las instancias respectivas, y el Ejecutivo
se saltó las competencias de educación compartidas en los
gobiernos regionales, gobiernos locales e incluso en el Consejo Nacional de Educación (CNE).
Esto, avizoró Malpica, podría provocar que todo el
Magisterio se oponga e incluso plantee un referéndum
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